Luego de varios meses de trabajo en conjunto con organismos y organizaciones vinculados a las problemáticas de género, el bloque del FpV logró en la sesión de ayer, la aprobación por unanimidad del proyecto de ordenanza que busca incorporar al estatuto municipal un “Régimen de Licencia por violencia de género para trabajadoras municipales”. El proyecto se gestó por iniciativa de la Secretaría de Género CTA de los Trabajadores Regional Andina Sur, la Secretaría de Acción Social del SOYEM y la Red de Géneros Bariloche, y contó además, con los aportes de Susana Yappert y Andrea Galaverna desde la Defensoría del Pueblo de Bariloche. La iniciativa original, fue pensada como adhesión a la recientemente sancionada Ley Provincial Nº 5086, que establece dicha licencia para las trabajadoras del estado provincial. Sin embargo, el trabajo colectivo y el debate que se generó en torno a los distintos aportes recibidos, fue derivando a que el proyecto tuviera algunas diferencias con la Ley Provincial, que entendemos resultaron un avance en la normativa. En ese sentido, se trabajó en conjunto con la Dirección de Salud Laboral del municipio, para dejar plasmado en el articulado las acciones concretas que harán efectiva esta licencia, de manera que el acceso a la misma sea rápido y sencillo con el objeto de no re-victimizar a quienes sufren esta problemática. Para ello, se eliminó la obligatoriedad de presentar la denuncia policial, tal como se planteaba en la ley 5086, y se garantizó el acompañamiento a la víctima de violencia, asesorando y acompañando su posterior derivación a las instituciones y organismos especializados en la temática que sean pertinentes según el caso. Además, la ordenanza dispone que será la Dirección de Salud Laboral el órgano de aplicación. De esta manera, se garantiza la confidencialidad y se establece además, que el área será la encargada de confeccionar informes y estadísticas cuali y cuantitativas que permitirán en un futuro, no solo evaluar la efectividad de la norma, sino también, servir como insumo para el diseño de políticas públicas direccionadas a esta problemática. La definición de violencia de género que se tomó como eje medular de la norma, es la misma que utilizó la Ley Provincial 5086, y tiene su origen en la Ley Nacional 26485 de “Protección integral contra la violencia hacia las mujeres”. La misma especifica: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidos las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.” De esta definición surge otra diferencia conceptual con la Ley Provincial, ya que la misma refiere en su título a la violencia intra-familiar. Entendiendo que, cuando se habla de violencia de género el alcance es mucho más amplio, se consideró necesario reforzar la conceptualización para evitar confusiones que puedan ser utilizadas para evadir la norma. En consecuencia, hablar de violencia de género no refiere a las mujeres o a los hombres, sino a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y a la construcción social de la feminidad y la masculinidad. En resumen, el concepto incluye todas aquellas formas de violencia que son ejercidas por los varones contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer y por la posición que ocupan en la sociedad patriarcal en la que vivimos, no quedando reducidas estrictamente al ámbito familiar. Queda como desafío a futuro seguir trabajando en este sentido, para lograr extender este derecho a todas las trabajadoras del ámbito estatal, así como también, del ámbito privado en todo el país.